La criptominería abre nuevos debates en torno a la utilización de la energía para el desarrollo del país, sobre todo ahora, que el Parlamento se encuentra analizando el veto del Poder Ejecutivo a un proyecto de ley que regula esta actividad. Paraguay Ahora, dentro de su ciclo de diálogos sobre el modelo productivo y sostenibilidad, convocó a representantes del Estado, la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para conocer las diversas posiciones al respecto.
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Con su energía abundante y a precios mucho más bajos que el resto de la región, Paraguay se ha convertido en un destino atractivo para las empresas de bitcoin, tanto nacionales como extranjeras. ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas de la minería de criptomonedas para el desarrollo de Paraguay, particularmente en materia energética? Bajo esta premisa la plataforma Paraguay Ahora, la Asociación Paraguaya de Blockchain, TEDIC, la Universidad Comunera (UCOM), y CriptoPy realizaron un primer diálogo con representantes del Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado. Reunieron a Fernando Arriola, propulsor del proyecto de ley de minería, líder de la vertical Blockchain en la Cámara Paraguaya de Fintech y minero; Leonardo Gómez, dialogante de Paraguay Ahora e investigador de TEDIC; Luis Benítez, integrante de la Asociación Paraguaya de Blockchain; Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía; Christine Folch, investigadora en temas energéticos; y Gerardo Blanco, Consejero de Itaipú.
En cuanto a las oportunidades y amenazas en materia energética de la minería de criptomonedas en el país, Christine Folch planteó la necesidad de plantear el actual excedente de energía de manera estratégica para acelerar el desarrollo del país. “En años de lluvia normal, la mitad paraguaya de Itaipú puede abastecer al Paraguay 3 veces, esto es único en el mundo. Paraguay tiene un superávit energético que hoy exporta o cede a sus vecinos y esa oportunidad disminuye porque la demanda paraguaya de energía está creciendo cada año”. Desde esa perspectiva, Christine cree que la decisión de en qué utilizar el excedente energético es clave. En relación al Bitcoin, cree que se debe considerar a la criptominería como una actividad extractiva, y que el Estado debe aprender de numerosos ejemplos en el mundo donde países en desarrollo usaron modelos extractivos su beneficio. ”Un ejemplo que deberíamos considerar es Botsuana, un país mediterráneo de África, que en 1966 tenía un PIB per cápita menos de la mitad que Paraguay, y hoy en día tiene más alto que Paraguay, usando su riqueza de diamantes de una manera estratégica para invertir los recursos de diamantes en un Plan Nacional de Desarrollo que priorizó la inversión en infraestructura, educación, salud y empleo. Lo que sugerimos es que hay que mirar a esos ejemplos para pensar cómo amortiguar los problemas”.
Mercedes Canese coincidió con Folch en cuanto a la necesidad de pensar estratégicamente cómo utilizar la energía eléctrica excedente. “La energía que tenemos es renovable, de alta calidad y además tenemos otras características que pueden hacer que podamos elegir el tipo de inversiones que queremos para nuestro país, y ahí es donde a la criptominería más que encontrarle oportunidades le encuentro amenazas”. Mencionó a modo de ejemplo la situación que se presenta en la ciudad de Villarrica, donde las criptomineras asentadas pagan un precio más bajo que el resto de usuarios de energía en todo el país. “En este momento tenemos en Villarrica un precio subsidiado que ni siquiera cubre el costo de producción de la energía de Itaipú, entonces todo el resto de los usuarios de la ANDE que no somos de Villarrica estamos pagando ese subsidio en nuestra tarifa de luz o en peor calidad de servicio”.
Prosiguiendo el análisis sobre qué hacer con la energía excedente, Gerardo Blanco consideró que la energía eléctrica adquiere valor cuando se transforma en una necesidad humana satisfecha, y puso en cuestión si en la criptominería reúne ese criterio como para beneficiarse con la energía excedente del país. Fernando Arriola, por su parte, explicó el contexto del negocio de la criptominería en Paraguay: comentó que son unas 90 empresas que desde hace 7 años han invertido en conjunto más de 400 millones de dólares y han generado 1.400 empleos. “Desde nuestro punto de vista, es muy complejo que nos indiquen que lo que estamos haciendo es negativo”. Agregó que la criptominería no es un problema en países como Brasil, Argentina, Perú o Chile porque “ya es considerada una actividad industrial”, sin necesidad de regulación especial. “El problema de Paraguay es que hay un grupo que está limitando el consumo de energía y otro grupo que está indicando que nosotros debemos pagar más. Y en ese sentido es importante que sepan que el 90% de nosotros pagamos la misma tarifa que el resto del país”.
Leonardo Gómez comentó que desde la organización TEDIC se encuentran investigando el tema, y que hay situaciones que causan preocupación, por ejemplo la ley aprobada en el Parlamento, y con veto del Poder Ejecutivo, que está centrada en la actividad comercial y es restrictiva para el sector de la academia. “Una, por ejemplo, es el concepto de criptominería en la ley y que en la discusión legislativa cambió de inicio a fin un montón de veces, no tuvo una definición clara desde el inicio. Entonces hoy tenés una ley que establece que para poder minar tenés que tener una matrícula habilitante del Ministerio de Industria y Comercio, ¿qué pasa con otros sectores, como la academia? No estamos regulando la criptominería con un enfoque de desarrollo. Lo que está pasando es que establecemos un marco para una industria electrointensiva que se está insertando en Paraguay y que busca un marco preferencial para garantizar la inversión”. Otra preocupación que mencionó es la medioambiental, ya que esta actividad produce enormes cantidades de residuos tecnológicos. “El tiempo promedio de vida útil de una máquina es de 1.6 años, pudiendo extenderse a 2 o 3 años, y el volumen de residuo que genera por la intensidad de uso es muy grande para localidades que ni siquiera tienen un plan de gestión de residuos”.
Para Luis Benítez el reto radica en que la tecnología de blockchain tiene, además, implicancias en el modelo de las sociedades y los Estados. “Hoy por hoy, con los diferentes proyectos de cripto que hay en el mundo, se están empezando a experimentar cuestiones como las organizaciones autónomas descentralizadas, que parecen ciencia ficción, porque ya no son una sociedad anónima con presidente o gerente, y eso tiene implicancias filosóficas y políticas muy grandes en el sentido de que eventualmente pueden llegar a transformar al Estado mismo por el hecho de que para qué vamos a tener una democracia representativa si podemos votar directamente, es decir, una democracia directa. La implicancia de esta tecnología es profunda, brutal y disruptiva hasta para el Estado mismo, tema que no se habló en ninguna de las audiencias públicas del proyecto de ley”.
Considerando la complejidad de este modelo, los presentes coincidieron en que es necesario seguir analizando un marco regulatorio para que la criptominería sea desarrollada de una manera ética y sustentable. Ese análisis debe incluir la participación de toda la ciudadanía, aunque no tenga vinculación directa con la actividad. “¿Cómo podríamos describir a una mujer guaraní hablante en el campo por qué debería ella apostar por algo que se llama criptomoneda? Si el plan no está pensado para ella, ¿de qué Paraguay estamos hablando?”, señaló Folch.